El sector del acero europeo, a través de la asociación Eurofer, pidió ayer a las instituciones de la Unión Europea que la inminente reforma del sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (ETS) para el período 2021-2030 no penalice a la industria siderúrgica. «En Europa, debemos ser capaces de producir aceros innovadores que apuntalen la sociedad moderna y ayuden a reducir las emisiones de CO2» a través de un esquema que «preserve una industria del acero sostenible y globalmente competitiva», señaló Eurofer en una carta abierta.

Factoría de Acerinox en Palmones. 

El director general de esa plataforma que representa el 100 % del acero producido en Europa, Axel Eggert, se dirigió al Consejo Europeo (que representa a los países de la UE) el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, con una carta rubricada por los presidentes y consejeros delegados de 76 empresas siderúrgicas europeas, entre ellas las españolas Acerinox , Celsa, Aceros Inoxidables Olarra o AG Siderúrgica Balboa. Esas tres instituciones iniciarán hoy la última fase de negociación para actualizar un sistema que representa el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea y se aplica a 11.000 plantas industriales con gran consumo de energía. «Pueden evitar cargar al sector con mayores costes que constreñirían la inversión o que incrementarían el riesgo de pérdida de empleos en la UE y el cierre de plantas», apunta la misiva. Para los líderes de la industria, las referencias de eficiencia para CO2 (benchmarks) para la producción de acero son «técnicamente imposibles de alcanzar», motivo por el que «la legislación de EU ETS genera altos costes de carbono incluso para las mejores siderúrgicas de Europa, a pesar de que el sector ha sido claramente reconocido en la propia Evaluación de Impacto de la Comisión Europea como de muy alto riesgo de deslocalización debido al CO2 (fuga de carbono)».

Los productores de acero temen que la legislación comunitaria en preparación pueda favorecer «importaciones de acero de competidores de terceros países que no tienen esos costes y que dejan una huella de carbono mucho mayor que el acero producido en la UE». Solicitan que no se retire el exceso de permisos de emisiones a los que pueden acceder las empresas y que el ritmo de ajuste en los próximos años no sea muy pronunciado. Las reivindicaciones del sector pasan por que las mejoras que han sido acordadas por el Parlamento Europeo sobre los gases de proceso, porcentaje de subasta, factor de corrección intersectorial y costes indirectos sean también aceptadas en el Consejo Europeo. Desde su punto de vista, si la directiva EU ETS se adoptase sin algunas de las mejoras solicitadas por el Parlamento Europeo, «habría una escasez de concesiones de emisiones» para la industria europea de alrededor del 35% en 2030, al tiempo que «no habrá ya remanente alguno de asignaciones anteriores para aliviar el impacto tras el periodo 2020 en siderurgia». El sector quedará además «incluso aún más expuesto debido al pase en exceso del coste de carbón al precio de la electricidad», señalan, antes de considerar que «casi ningún otro sector de la industria bajo el EU ETS se enfrenta a limitaciones similares».

En funcionamiento desde 2005, el ETS fue el primer sistema del mundo para controlar las emisiones contaminantes, y sigue siendo el más amplio. El reto de su reforma reposa en encontrar un equilibrio para alcanzar las metas climáticas sin empujar a que las firmas industriales deslocalicen su producción fuera de la UE. Para mantenerse en los márgenes, las empresas pueden elegir entre invertir en tecnologías menos contaminantes o comprar derechos de emisión en el mercado. El importe de esos derechos debería rondar 25 euros por tonelada de CO2 emitida, pero la caída de la demanda como consecuencia de la crisis económica, entre otros factores, han hecho que a partir de 2008 los precios tocaran niveles de 4 euros, cuantía que no supone un incentivo para la transición tecnológica.

Fuente: Eurofer.