2021 febrero — Industria al día

Minería: naturaleza, ingenio, capital y regulación

23/02/2021 at 11:50

La naturaleza ha determinado la distribución de los recursos minerales en el mundo. Ha sido el ingenio humano lo que ha permitido su aprovechamiento más allá de tallar unas piedras. Pero para el desarrollo de los aprovechamientos mineros el ingenio no suficiente por sí solo. Es necesario disponer de capital dispuesto a asumir cierto grado de incertidumbre. Y también es necesario que las condiciones de la regulación sobre la actividad extractiva sean, cuando menos, no disuasorias. Y a estas tres se podría añadir una condición complementaria: que la percepción social de la actividad minera no sea un determinante negativo de la regulación o de la forma en la que ésta se aplique.

El progreso técnico en la minería –el ingenio humano– ha sido extraordinario a lo largo del tiempo, y todavía hoy sigue siéndolo. Es este progreso lo que permite al aprovechamiento de yacimientos con leyes bajas e incluso muy bajas; es lo que permite el tratamiento de minerales de imposible beneficio en el pasado; y es lo que permite incorporar en las operaciones valores hoy asentados, como la preservación del medio ambiente. Y es este progreso técnico el que ha permitido, también, el desarrollo de los métodos de identificación de recursos minerales.

El acceso al capital ha sido también objeto de ampliación y de facilitación, mediante el propio desarrollo de mercados de capitales específicos o especializados en las actividades mineras; que, a su vez y aprendiendo de los errores, han ido mejorando los procedimientos de comprobación de la veracidad de los datos ofrecidos por un promotor minero en busca de capital. Al menos en lo que atañe a los datos geológicos y financieros de un proyecto, pero no en lo que atañe a otro tipo de información, como son las expectativas acerca de las decisiones administrativas o judiciales, en su caso, respecto al futuro de un proyecto.

La regulación es el terreno de la acción pública o de la acción política, aunque también tiene su papel en otros ámbitos, como serían la formación general y específica o las infraestructuras de uso general, entre otros; amén de la obtención y difusión de información geológica de base. Las regulaciones no son homogéneas en el mundo y, desde luego, no son permanentes. Incluso, en no pocas ocasiones, su trayectoria depende de las percepciones sociales favorables o desfavorables hacia la minería, o de la posición de un gobierno ante la inversión foránea.

Nos encontramos en un mundo crecientemente demandante de recursos que se obtienen mediante operaciones mineras, aunque ese ritmo de crecimiento pueda ser atenuado, en algunos casos, mediante el progreso de la economía circular –reciclaje, para entendernos–. Además, ha nacido el interés por sustancias que habían tenido una aplicación práctica limitada, como es el caso del litio, por ejemplo, del cobalto o de las tierras raras, entre otras; tal como surgió en su momento el interés por el uranio, o el petróleo, decenios antes. Los temores acerca del agotamiento de recursos que fueron característicos en buena parte de la segunda mitad del pasado siglo, manifestados en el primer Informe del Club de Roma o en el Informe al Presidente Carter El mundo en el año 2000, eran infundados, porque daban por supuesto que conocíamos los recursos –y ni siquiera hoy los conocemos en su totalidad– y minusvaloraban, o ignoraban, la capacidad latente del progreso técnico.

De una forma creo que en general muy atinada, la Comisión Europea viene prestando atención al acceso y disponibilidad de materias primas para las economías de la Unión Europea, consciente de que no nos basta con la capacidad de comprarlas en países terceros y de que, además, podríamos caer en dependencias poco deseables, como sería el caso de materiales imprescindibles en la electrificación generalizada hacia la que vamos y sustentada en generación eléctrica renovable. De ahí la Iniciativa Europea de Materias Primas de 2008, ya ampliamente divulgada, y la estrategia derivada de ella, que se sustentaba en tres pilares: un suministro justo (fair, en inglés) y sostenible del aprovisionamiento proveniente de mercados globales; un aprovisionamiento sostenible proveniente de la UE; y eficiencia en el uso de recursos y aprovisionamiento de materias secundarias mediante el reciclaje. Esto se integró en la Estrategia 2020 y se completa con una relación de materias primas críticas que es sometida a actualizaciones. La Comisión estudió también, en 2016, junto con otras instituciones la incardinación de la minería en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para el desarrollo de la mencionada iniciativa se desplegaron el Partenariado europeo de innovación en materias primas (conocido como EIP) y la Alianza europea de materias primas. Los refuerzos más recientes pueden encontrarse en el Pacto Verde Europeo (popularizado como Green Deal), en la Nueva Estrategia Industrial (2020), o en la Comunicación sobre materias primas fundamentales, también de 2020. El denominador común es que la reducción del consumo, la eficiencia y el acceso a los recursos constituyen una cuestión de seguridad estratégica para la Unión Europea.

El partenariado europeo antes mencionado está vigente todavía, y en ese marco el ministerio del ramo de la minería –la dirección de este ramo no tiene un lugar destacado, por cierto– realizó una consulta pública para la redacción de una Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales, finalizada en noviembre de 2020. Uno de los objetivos declarados del proceso es, literalmente: “garantizar el suministro de los recursos minerales autóctonos de manera más sostenible, eficiente y maximizando los beneficios a lo largo de la cadena de valor”. Pero, claro, acto seguido esta intención general se matiza debidamente, no se vayan a molestar algunos de los simpatizantes, señalándose que la transición hacia una economía climáticamente neutra implicará el aumento del consumo de algunas materias primas minerales. Esto conduce a una limitación que no está en el espíritu de los textos comunitarios, pero es comprensible dada la vocación de este ministerio para la transición y puede traducirse en “minería no, salvo la que decidamos conveniente para la descarbonización” Y, aun así, ni siquiera reciben aliento proyectos tales como el de tierras raras en Ciudad Real o el de litio en Cáceres.

Leyendo estos textos, puede adquirirse conciencia de que los proyectos mineros en el territorio de la UE trascienden de los legítimos intereses empresariales en cada proyecto, de los intereses locales por disponer de una fuente de empleo estable y bien remunerado, e incluso de los intereses regionales o nacionales en el desarrollo económico de su territorio. La seguridad estratégica es supranacional, y sólo se alcanzará con la suma de todos los proyectos individuales que sea posible desarrollar. Y en esto entran las tres condiciones que mencionaba al comienzo: ingenio técnico, capital y regulación atractiva; en lo demás, la naturaleza ya ha dispuesto. Y esa regulación atractiva y una aplicación correcta son responsabilidades públicas y muy influyentes en las decisiones de inversión. El informe anual del Instituto Fraser sobre empresas mineras entrevista a directivos e inversores de todo el mundo y éstos ponen de manifiesto que el 40% de sus decisiones está determinada por factores de política regulatoria. Es la regulación lo que hará realidad el aprovechamiento del potencial minero europeo, en el que Andalucía tiene una posición importante.

Este artículo no tendría un final justo sin un lamento por la decisión de apertura de procedimiento abreviado en el caso Aznalcóllar. Un éxito de la Junta de Andalucía que discurre por un camino judicial insólito, destructor de carreras profesionales de funcionarios competentes y honestos, desalentador para el inversor –bendita sea la paciencia que tiene– y desanimador para cualquiera que se interese por la minería andaluza. Es difícil que haya habido una investigación más exhaustiva que la que se ha realizado sin encontrar ni siquiera indicios de delito. Creo –ahora se puede decir lo que venga en gana, al parecer, sin faltar al respeto– que lo que sucede es un empecinamiento judicial y que todo se inició con una estafa procesal, con una denuncia sólo plausible para quien quiera desconocer el funcionamiento de la Administración pública, o para quien los ERE no le dejen ver más allá.

Optimismo en el empresariado andaluz: el 73% prevé mantener o aumentar plantilla

22/02/2021 at 11:50

A pesar del peso en la economía andaluza de sectores especialmente afectados por la Covid 19 como el Turismo o la Hostelería y según las conclusiones del informe Perspectivas España 2021: Andalucía, realizado por KPMG junto a la CEOE, los empresarios andaluces son optimistas: el 73% prevé mantener o aumentar su plantilla en 2021, frente al 67% a nivel nacional, y el 58% cree que su facturación aumentará durante 2021, muy en línea con el 61% que lo piensa en el conjunto de España. La mayoría (el 65%) cree que la facturación volverá a niveles precrisis a partir de 2022.

Por otro lado, los andaluces son cautos respecto a los planes de inversión y solo el 36% prevé mantener su nivel en 2021. En cambio, ven en la internacionalización una posible respuesta a la situación actual: el 37% afirma que su presencia internacional aumentará, siete puntos porcentuales por encima de la media española.

La mayoría (50%) cree que conviviremos con el virus entre 6 y 12 meses más, y un 28% amplía ese periodo a más de un año.

Operaciones de liquidez

Otra de las consecuencias de la Covid es la puesta en marcha de operaciones corporativas con el objetivo de garantizar la resiliencia y supervivencia de las compañías. En los últimos 12 meses, más de la mitad (56%) de los empresarios andaluces ha acometido una reestructuración operativa o una financiación o refinanciación de deuda (54%), esta última con una cifra notablemente superior a la media española (39%). De cara al próximo año, pese a que la reestructuración operativa continúa siendo la principal opción (37%), también adquirirá relevancia los que optarán por solicitar financiación a través de los fondos europeos (35%) y la búsqueda de una alianza, joint venture u otro tipo de acuerdo (34%).

Como se observa en el informe, el Plan Europeo de Recuperación tendrá un gran protagonismo en el impulso de la economía andaluza. El 57% de los encuestados manifiesta su intención de optar a los fondos europeos, más de 10 puntos por encima de la media del conjunto de España. Sin embargo, un 38% ignora si dispone de proyectos que puedan acceder a esta financiación, por lo que el conocimiento de los requisitos, plazos y detalles será de especial relevancia.

“Ahora es el momento de mirar hacia el futuro. Administraciones públicas y sector privado deben trabajar juntos, más unidos que nunca, para asentar las bases de una recuperación que garantice una economía resiliente, digitalizada y sostenible. Precisamente la colaboración público-privada es uno de los principales ejes sobre los que se asienta la gestión y distribución de los fondos procedentes del Plan Europeo de Recuperación”, señala Nicolás Sierra, socio responsable de KPMG en Andalucía.

Entre las políticas palanca establecidas en el Plan de Recuperación, los empresarios andaluces apuestan por participar principalmente en la modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España emprendedora (63%). Le sigue la transición energética justa e inclusiva (54%) y las infraestructuras y ecosistemas resilientes (43%), unas preferencias en la línea de la media de empresarios españoles.

Respecto a las prioridades estratégicas que marcarán la agenda de los próximos 12 meses, la mayoría (65%) apostará por mejorar sus procesos, cifra superior a la media española (59%), mientras que el 62% trabajará en su transformación digital, seguido del desarrollo de nuevos productos y servicios (41%).

Los principales riesgos

Entre los riesgos que han impactado en su negocio, los empresarios andaluces destacan el riesgo de demanda (58%), trasladando a la segunda posición los riesgos regulatorios (47%). El tercer lugar lo ocupan los riesgos fiscales (37%). Sobre los retos que trae consigo la nueva realidad, sitúan la digitalización en primer lugar (68%), lo que explica que se encuentre entre sus prioridades estratégicas y que el 70% invierta en herramientas tecnológicas. Aun así, los encuestados se otorgan un nivel de adaptación digital superior en tres décimas a la media nacional. Entre las áreas más digitalizadas, destacan Finanzas (50%), Atención al cliente (40%) y Marketing (32%), mientras que el área de IT cuenta con un 29% frente al 52% de la media española. Por otro lado, la gestión de personas también supondrá un importante reto (50%), seguido de adaptarse a los cambios en los hábitos de los consumidores (44%).

Al ser cuestionados sobre cuáles deberían ser las prioridades del Gobierno central en política económica, la mayoría sitúan la necesidad de acometer reformas estructurales (54%) y en mejorar la eficiencia del gasto público (52%), seguido de potenciar la transición energética y la digitalización en el marco del Plan de Recuperación Europeo (30%), unas prioridades en la línea de la media de empresarios españoles.

Al abordar cómo ha afectado la pandemia a las compañías andaluzas, la mayoría asegura que ha tenido que aplicar ajustes en sus costes de producción (59%), 14 puntos por encima de la media nacional, mientras que la plantilla se sitúa en segundo lugar (49%), seguido de las inversiones (43%).

Ballenoil centra su expansión en Andalucía con 15 aperturas en los próximos dos años

08/02/2021 at 13:39

Ballenoil redobla su apuesta por Andalucía. La compañía, que es la mayor operadora independiente de carburantes, tiene previsto concentrar en la comunidad autónoma su expansión con una planificación que supondrá la apertura de quince nuevas estaciones de servicio mixtas en los próximos dos años. Una vez que construya estas nuevas estaciones de servicios que tiene proyectadas durante los, Ballenoil superará las 50 en la región.

La compañía del grupo francés Progeral, propietario también de los centro de lavado de vehículos La Ballena Azul, invertirá en total más de siete millones y medio de euros en la instalación de estos nuevos puntos de suministro de combustible.

Ballenoil prevé ubicar sus nuevas gasolineras en cuatro de las ocho provincias andaluzas: seis en Málaga, cinco en Sevilla, dos en Cádiz y una en los casos de Huelva y Córdoba.

“Pensamos que Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Málaga son provincias en las que hay oportunidades de crecimiento”, señalan desde la compañía, que destaca que estas aperturas “irán de la mano de creación de empleo, ya que siempre habrá como mínimo un trabajador en Ballenoil para atender a los conductores y realizar labores de mantenimiento”, 

Las nuevas estaciones, además de contar con personal en horario comercial para atender a los clientes que se acerquen a repostar, estarán equipadas con los últimos equipos tecnológicos para prestar servicio las 24 horas del día de forma segura.

Gracias a la aplicación de este modelo mixto, que contempla la normativa ITC-MIP 04, Ballenoil se constituye, según destaca, como la única operadora de carburante de venta al por menor con más de 137 estaciones que funcionan bajo este régimen.

La apertura de las estaciones de servicio de Ballenoil “abaratarán el coste del carburante de la zona donde se encuentre hasta unos diez céntimos de media, facilitando un ahorro de entre unos 280 a 320 euros anuales a los conductores andaluces”, según asegura la empresa, que se basa en datos de la Organización de Consumidores (OCU).

Todas las aperturas de estas las gasolineras contarán con centros de autolavado de La Ballena Azul, filial del grupo.

Debido a la situación sanitaria creada por la pandemia de Covid-19, desde la compañía pusieron en marcha una serie de medidas para fortalecer la seguridad y tratar de evitar contagios. Así, el modelo de Ballenoil, repostaje rápido y pago en el mismo surtidor, es el que están recomendando las autoridades sanitarias, ya que el conductor evita espacios cerrados o poco ventilados.

Las estaciones continuarán desinfectándose y reforzando las medidas de higiene, como el acceso a guantes y papel desechables para los clientes.

Naturgy pierde 347 millones en 2020 por la crisis del Covid y la depreciación de activos

07/02/2021 at 12:51

Naturgy ha dado a conocer sus cuentas de 2020 y ha precisado que, sin este impacto, que afectó a la generación convencional en España (1.145 millones de euros), principalmente a los ciclos combinados, y a las actividades de gas en Argentina (198 millones), su beneficio neto ordinario se habría situado en 872 millones de euros, un 36,7% inferior al de 2019.

Ya en 2018, poco después de que Francisco Reynés tomara el mando en la multinacional, Naturgy llevó a cabo una depreciación de activos de generación de electricidad por 4.851 millones, que hizo que el ejercicio de 2018 se cerrara en pérdidas, y en 2020 ha ocurrido lo mismo, ya que ese ajuste del valor contable de otros activos, concretado en el último trimestre del año, ha tenido un impacto de 1.019 millones de euros sobre el resultado neto.

Aplazamiento del plan estratégico

Por otra parte, Naturgy ha anunciado también hoy que aplaza la presentación de su plan estratégico para los próximos años, prevista para este mes, a la espera de conocer cómo se desarrolla la opa lanzada por el fondo australiano IFM por el 22,7% del capital.

Así lo ha señalado Reynés, durante una conferencia con analistas, en la que ha dicho que la presentación de la nueva ‘hoja de ruta’ en el llamado Capital Markets Day queda «pospuesta», a la espera del «desarrollo de acontecimientos».

Reynés ha asegurado que el consejo de administración se pronunciará «cuando corresponda, no ahora», ante esta opa parcial «no solicitada», pero ha querido dejar claro, no obstante, que la política de rotación de activos de Naturgy continuará pese a la opa.

La opa parcial, que requiere de la autorización del Gobierno, centra la atención sobre la actualidad de Naturgy desde la semana pasada, cuando este fondo australiano anunció que ofrecía 23 euros por acción por hacerse con ese 22,7% del capital, lo que disparó las acciones de Naturgy en torno a un 15%.

Preguntado por la posición frente a la opa de Criteria, el primer accionista de Naturgy, con un 24,8% del capital, Reynés ha recordado que él, como presidente de la compañía, no podía hablar «en nombre de los accionistas», en referencia a Criteria, que esperará a conocer el folleto de la opa para comunicar su postura.

En cualquier caso, IFM ya ha dicho que lanza esta opa pensando en los inversores institucionales y en los minoritarios, y ha dejado claro que no quiere desplazar a Criteria, el holding de participadas de La Caixa, como primer accionista, sino ser un socio suyo con vocación de largo plazo.

Bajada de la demanda de electricidad

Más allá del impacto sobre las cuentas de esta depreciación de activos, Naturgy se ha visto penalizada en 2020 por la crisis de la Covid-19, que hizo caer la demanda de electricidad y gas en España un 5,5% y un 6,2%, respectivamente, y un 2,8% y un 8,3% la demanda de electricidad y gas en las regiones latinoamericanas.

A ese efecto se añadió la depreciación de las divisas latinoamericanas, lo que tuvo un efecto negativo de 53 millones sobre el beneficio neto, y todo ello mientras la compañía tuvo que renegociar contratos de aprovisionamiento de gas para adaptarlos a los precios actuales del mercado.

A finales de 2020 Naturgy vendió el 96% de su participación en la chilena CGE y pactó su salida de Egipto y la resolución del conflicto por la planta egipcia de Damietta, unos acuerdos que deben cerrarse en los próximos meses.

Inversión de 1.000 millones en 2021

Por otra parte, Reynés ha subrayado que seguirá con el proceso de transformación de Naturgy y, en esa línea, ha precisado que invertirá este año unos 1.000 millones de euros para potenciar el negocio de renovables, un 30% de ellos en España.

Por actividades, la de gestión de energía y redes, la principal de la multinacional, aportó el año pasado 2.859 millones al Ebitda, un 21% menos, y también cayó un 20,7% el área de comercialización, que generó 326 millones, de forma que solo el área de renovables y nuevos negocios creció, en este caso un 6 %, hasta los 352 millones de contribución al ebitda.

En cuanto a la cifra de negocios, Naturgy ingresó el año pasado 6.302 millones de euros, un 27,5% menos que en 2019.

Por otra parte, el consejo de administración de Naturgy propondrá a la junta general de accionistas, que todavía no se ha convocado, el pago de un dividendo final -a cargo del ejercicio 2020- de 0,63 euros por acción que se abonarían durante el primer trimestre de este año.

De esta forma, si los accionistas lo aprueban, el pago se sumará a los dos primeros dividendos a cuenta de 2020, que fueron de 0,31 euros por acción y de 0,50 euros por título, respectivamente, con lo que se elevaría el dividendo total de ese ejercicio a 1,44 euros.

La energía renovable en Andalucía creó 3.000 empleos en 2020

04/02/2021 at 12:50

Andalucía ha sumado 887 megavatios (MW) de nueva potencia eléctrica instalada a través de los nuevos proyectos renovables que se han llevado a cabo en la comunidad andaluza durante 2020, que han supuesto una inversión estimada de «750 millones de euros y la creación de unos 3.000 puestos de trabajo asociados a su construcción». Son los principales datos del balance anual sobre infraestructuras energéticas elaborado por la Agencia Andaluza de la Energía.

El año pasado entraron en funcionamiento nuevas centrales fotovoltaicas, más instalaciones de autoconsumo, mayor superficie solar térmica y un nuevo parque eólico, proyectos gracias a los cuales se ha logrado que «el 46% de la potencia actual del parque generador de electricidad andaluz tenga ya origen renovable, lo que permite evitar la emisión de más de cinco millones de toneladas de CO2 a la atmósfera», según ha informado en un comunicado la Junta.

14 nuevas plantas fotovoltaicas

Los proyectos que han tenido mayor implantación durante 2020 han sido las centrales fotovoltaicas, con 14 nuevas plantas (de más de diez megavatios de potencia) que suman una potencia total de 752,31 megavatios. Esto, sumado al desarrollo del autoconsumo fotovoltaico y a otras pequeñas instalaciones fotovoltaicas, ha provocado que Andalucía «alcance los 2.672 megavatios de potencia fotovoltaica a finales de 2020».

Respecto al autoconsumo, la comunidad andaluza cuenta ya con más de 10.900 instalaciones con una potencia total que asciende a 127 megavatios, «lo que supone multiplicar por 3,5 la potencia registrada en 2019 (36 MW)».

Nuevo parque eólico en Málaga

En cuanto a la energía eólica, la Junta ha destacado que la región cuenta con un nuevo parque eólico de 23,6 megavatios en Málaga, con lo que suma un total de 154 parques con una potencia total eólica de 3.472 megavatios.

Además, 21.300 metros cuadrados de nuevas instalaciones solares térmicas abastecen de agua caliente y climatización a hogares y procesos industriales, «superándose así los 1,1 millones de metros cuadrados de superficie solar térmica instalados en la comunidad».

Posición de liderazgo

La Junta ha subrayado que a esto se añaden 27.728 instalaciones de biomasa en funcionamiento para usos térmicos entre estufas, calderas, secaderos o generadores de aire caliente, entre otros, que «suponen una potencia térmica instalada de 1.792 megavatios».

Estas nuevas plantas renovables «constituyen solo una parte del gran número de proyectos que se están tramitando en Andalucía», que permitirán consolidar a la región como «referente en energía limpia, conforme al alto potencial de centrales renovables, estimado por la Agencia Andaluza de la Energía en más de 300.000 megavatios». Sin duda alguna, una oportunidad para que Andalucía lidere el cambio energético

La Junta ha remarcado que en los últimos años Andalucía mantiene «una posición de liderazgo en la producción de electricidad con centrales de energía solar y con centrales de biomasa, siendo también líder en el aprovechamiento de energía térmica con instalaciones solares térmicas y con instalaciones de biomasa».

Un crecimiento del 12,3%

Por ello, Andalucía alcanza los 8.103 megavatios de potencia limpia para la generación de electricidad, «una cifra un 12,3% superior a la del año anterior, siendo los parques de energía eólica los que más aportan, con 3.472 megavatios».

Le siguen las centrales fotovoltaicas, con 2.672 megavatios y las termosolares, con 997 megavatios. Las centrales hidroeléctricas y las de biomasa eléctrica contribuyen, por su parte, con 650 megavatios y 274 megavatios, respectivamente. Completan la potencia instalada otras plantas renovables de menor tamaño, fundamentalmente, de biogás.

El funcionamiento de estos más de 8.100 megavatios de potencia renovable instalada en Andalucía producirá anualmente, según las estimaciones realizadas por la Agencia Andaluza de la Energía, «unos 17.000 gigavatios hora (GWh) al año de energía eléctrica limpia, siendo la tecnología eólica la que más aportará, con el 41% del total de la energía eléctrica renovable que se genere, seguida de la fotovoltaica, con un 29%; la termosolar, con un 12%; y la biomasa, con un 10%».

La ciudadanía puede consultar todos estos datos en el Mapa de infraestructuras energéticas de Andalucía (MIEA) disponible a través de la web de la Agencia Andaluza de la Energía y también de forma desagregada mediante su aplicación ‘Infoenergía’.

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