A pesar del peso en la economía andaluza de sectores especialmente afectados por la Covid 19 como el Turismo o la Hostelería y según las conclusiones del informe Perspectivas España 2021: Andalucía, realizado por KPMG junto a la CEOE, los empresarios andaluces son optimistas: el 73% prevé mantener o aumentar su plantilla en 2021, frente al 67% a nivel nacional, y el 58% cree que su facturación aumentará durante 2021, muy en línea con el 61% que lo piensa en el conjunto de España. La mayoría (el 65%) cree que la facturación volverá a niveles precrisis a partir de 2022.

Por otro lado, los andaluces son cautos respecto a los planes de inversión y solo el 36% prevé mantener su nivel en 2021. En cambio, ven en la internacionalización una posible respuesta a la situación actual: el 37% afirma que su presencia internacional aumentará, siete puntos porcentuales por encima de la media española.

La mayoría (50%) cree que conviviremos con el virus entre 6 y 12 meses más, y un 28% amplía ese periodo a más de un año.

Operaciones de liquidez

Otra de las consecuencias de la Covid es la puesta en marcha de operaciones corporativas con el objetivo de garantizar la resiliencia y supervivencia de las compañías. En los últimos 12 meses, más de la mitad (56%) de los empresarios andaluces ha acometido una reestructuración operativa o una financiación o refinanciación de deuda (54%), esta última con una cifra notablemente superior a la media española (39%). De cara al próximo año, pese a que la reestructuración operativa continúa siendo la principal opción (37%), también adquirirá relevancia los que optarán por solicitar financiación a través de los fondos europeos (35%) y la búsqueda de una alianza, joint venture u otro tipo de acuerdo (34%).

Como se observa en el informe, el Plan Europeo de Recuperación tendrá un gran protagonismo en el impulso de la economía andaluza. El 57% de los encuestados manifiesta su intención de optar a los fondos europeos, más de 10 puntos por encima de la media del conjunto de España. Sin embargo, un 38% ignora si dispone de proyectos que puedan acceder a esta financiación, por lo que el conocimiento de los requisitos, plazos y detalles será de especial relevancia.

“Ahora es el momento de mirar hacia el futuro. Administraciones públicas y sector privado deben trabajar juntos, más unidos que nunca, para asentar las bases de una recuperación que garantice una economía resiliente, digitalizada y sostenible. Precisamente la colaboración público-privada es uno de los principales ejes sobre los que se asienta la gestión y distribución de los fondos procedentes del Plan Europeo de Recuperación”, señala Nicolás Sierra, socio responsable de KPMG en Andalucía.

Entre las políticas palanca establecidas en el Plan de Recuperación, los empresarios andaluces apuestan por participar principalmente en la modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España emprendedora (63%). Le sigue la transición energética justa e inclusiva (54%) y las infraestructuras y ecosistemas resilientes (43%), unas preferencias en la línea de la media de empresarios españoles.

Respecto a las prioridades estratégicas que marcarán la agenda de los próximos 12 meses, la mayoría (65%) apostará por mejorar sus procesos, cifra superior a la media española (59%), mientras que el 62% trabajará en su transformación digital, seguido del desarrollo de nuevos productos y servicios (41%).

Los principales riesgos

Entre los riesgos que han impactado en su negocio, los empresarios andaluces destacan el riesgo de demanda (58%), trasladando a la segunda posición los riesgos regulatorios (47%). El tercer lugar lo ocupan los riesgos fiscales (37%). Sobre los retos que trae consigo la nueva realidad, sitúan la digitalización en primer lugar (68%), lo que explica que se encuentre entre sus prioridades estratégicas y que el 70% invierta en herramientas tecnológicas. Aun así, los encuestados se otorgan un nivel de adaptación digital superior en tres décimas a la media nacional. Entre las áreas más digitalizadas, destacan Finanzas (50%), Atención al cliente (40%) y Marketing (32%), mientras que el área de IT cuenta con un 29% frente al 52% de la media española. Por otro lado, la gestión de personas también supondrá un importante reto (50%), seguido de adaptarse a los cambios en los hábitos de los consumidores (44%).

Al ser cuestionados sobre cuáles deberían ser las prioridades del Gobierno central en política económica, la mayoría sitúan la necesidad de acometer reformas estructurales (54%) y en mejorar la eficiencia del gasto público (52%), seguido de potenciar la transición energética y la digitalización en el marco del Plan de Recuperación Europeo (30%), unas prioridades en la línea de la media de empresarios españoles.

Al abordar cómo ha afectado la pandemia a las compañías andaluzas, la mayoría asegura que ha tenido que aplicar ajustes en sus costes de producción (59%), 14 puntos por encima de la media nacional, mientras que la plantilla se sitúa en segundo lugar (49%), seguido de las inversiones (43%).

Ballenoil redobla su apuesta por Andalucía. La compañía, que es la mayor operadora independiente de carburantes, tiene previsto concentrar en la comunidad autónoma su expansión con una planificación que supondrá la apertura de quince nuevas estaciones de servicio mixtas en los próximos dos años. Una vez que construya estas nuevas estaciones de servicios que tiene proyectadas durante los, Ballenoil superará las 50 en la región.

La compañía del grupo francés Progeral, propietario también de los centro de lavado de vehículos La Ballena Azul, invertirá en total más de siete millones y medio de euros en la instalación de estos nuevos puntos de suministro de combustible.

Ballenoil prevé ubicar sus nuevas gasolineras en cuatro de las ocho provincias andaluzas: seis en Málaga, cinco en Sevilla, dos en Cádiz y una en los casos de Huelva y Córdoba.

“Pensamos que Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Málaga son provincias en las que hay oportunidades de crecimiento”, señalan desde la compañía, que destaca que estas aperturas “irán de la mano de creación de empleo, ya que siempre habrá como mínimo un trabajador en Ballenoil para atender a los conductores y realizar labores de mantenimiento”, 

Las nuevas estaciones, además de contar con personal en horario comercial para atender a los clientes que se acerquen a repostar, estarán equipadas con los últimos equipos tecnológicos para prestar servicio las 24 horas del día de forma segura.

Gracias a la aplicación de este modelo mixto, que contempla la normativa ITC-MIP 04, Ballenoil se constituye, según destaca, como la única operadora de carburante de venta al por menor con más de 137 estaciones que funcionan bajo este régimen.

La apertura de las estaciones de servicio de Ballenoil “abaratarán el coste del carburante de la zona donde se encuentre hasta unos diez céntimos de media, facilitando un ahorro de entre unos 280 a 320 euros anuales a los conductores andaluces”, según asegura la empresa, que se basa en datos de la Organización de Consumidores (OCU).

Todas las aperturas de estas las gasolineras contarán con centros de autolavado de La Ballena Azul, filial del grupo.

Debido a la situación sanitaria creada por la pandemia de Covid-19, desde la compañía pusieron en marcha una serie de medidas para fortalecer la seguridad y tratar de evitar contagios. Así, el modelo de Ballenoil, repostaje rápido y pago en el mismo surtidor, es el que están recomendando las autoridades sanitarias, ya que el conductor evita espacios cerrados o poco ventilados.

Las estaciones continuarán desinfectándose y reforzando las medidas de higiene, como el acceso a guantes y papel desechables para los clientes.

Naturgy ha dado a conocer sus cuentas de 2020 y ha precisado que, sin este impacto, que afectó a la generación convencional en España (1.145 millones de euros), principalmente a los ciclos combinados, y a las actividades de gas en Argentina (198 millones), su beneficio neto ordinario se habría situado en 872 millones de euros, un 36,7% inferior al de 2019.

Ya en 2018, poco después de que Francisco Reynés tomara el mando en la multinacional, Naturgy llevó a cabo una depreciación de activos de generación de electricidad por 4.851 millones, que hizo que el ejercicio de 2018 se cerrara en pérdidas, y en 2020 ha ocurrido lo mismo, ya que ese ajuste del valor contable de otros activos, concretado en el último trimestre del año, ha tenido un impacto de 1.019 millones de euros sobre el resultado neto.

Aplazamiento del plan estratégico

Por otra parte, Naturgy ha anunciado también hoy que aplaza la presentación de su plan estratégico para los próximos años, prevista para este mes, a la espera de conocer cómo se desarrolla la opa lanzada por el fondo australiano IFM por el 22,7% del capital.

Así lo ha señalado Reynés, durante una conferencia con analistas, en la que ha dicho que la presentación de la nueva ‘hoja de ruta’ en el llamado Capital Markets Day queda «pospuesta», a la espera del «desarrollo de acontecimientos».

Reynés ha asegurado que el consejo de administración se pronunciará «cuando corresponda, no ahora», ante esta opa parcial «no solicitada», pero ha querido dejar claro, no obstante, que la política de rotación de activos de Naturgy continuará pese a la opa.

La opa parcial, que requiere de la autorización del Gobierno, centra la atención sobre la actualidad de Naturgy desde la semana pasada, cuando este fondo australiano anunció que ofrecía 23 euros por acción por hacerse con ese 22,7% del capital, lo que disparó las acciones de Naturgy en torno a un 15%.

Preguntado por la posición frente a la opa de Criteria, el primer accionista de Naturgy, con un 24,8% del capital, Reynés ha recordado que él, como presidente de la compañía, no podía hablar «en nombre de los accionistas», en referencia a Criteria, que esperará a conocer el folleto de la opa para comunicar su postura.

En cualquier caso, IFM ya ha dicho que lanza esta opa pensando en los inversores institucionales y en los minoritarios, y ha dejado claro que no quiere desplazar a Criteria, el holding de participadas de La Caixa, como primer accionista, sino ser un socio suyo con vocación de largo plazo.

Bajada de la demanda de electricidad

Más allá del impacto sobre las cuentas de esta depreciación de activos, Naturgy se ha visto penalizada en 2020 por la crisis de la Covid-19, que hizo caer la demanda de electricidad y gas en España un 5,5% y un 6,2%, respectivamente, y un 2,8% y un 8,3% la demanda de electricidad y gas en las regiones latinoamericanas.

A ese efecto se añadió la depreciación de las divisas latinoamericanas, lo que tuvo un efecto negativo de 53 millones sobre el beneficio neto, y todo ello mientras la compañía tuvo que renegociar contratos de aprovisionamiento de gas para adaptarlos a los precios actuales del mercado.

A finales de 2020 Naturgy vendió el 96% de su participación en la chilena CGE y pactó su salida de Egipto y la resolución del conflicto por la planta egipcia de Damietta, unos acuerdos que deben cerrarse en los próximos meses.

Inversión de 1.000 millones en 2021

Por otra parte, Reynés ha subrayado que seguirá con el proceso de transformación de Naturgy y, en esa línea, ha precisado que invertirá este año unos 1.000 millones de euros para potenciar el negocio de renovables, un 30% de ellos en España.

Por actividades, la de gestión de energía y redes, la principal de la multinacional, aportó el año pasado 2.859 millones al Ebitda, un 21% menos, y también cayó un 20,7% el área de comercialización, que generó 326 millones, de forma que solo el área de renovables y nuevos negocios creció, en este caso un 6 %, hasta los 352 millones de contribución al ebitda.

En cuanto a la cifra de negocios, Naturgy ingresó el año pasado 6.302 millones de euros, un 27,5% menos que en 2019.

Por otra parte, el consejo de administración de Naturgy propondrá a la junta general de accionistas, que todavía no se ha convocado, el pago de un dividendo final -a cargo del ejercicio 2020- de 0,63 euros por acción que se abonarían durante el primer trimestre de este año.

De esta forma, si los accionistas lo aprueban, el pago se sumará a los dos primeros dividendos a cuenta de 2020, que fueron de 0,31 euros por acción y de 0,50 euros por título, respectivamente, con lo que se elevaría el dividendo total de ese ejercicio a 1,44 euros.

Andalucía ha sumado 887 megavatios (MW) de nueva potencia eléctrica instalada a través de los nuevos proyectos renovables que se han llevado a cabo en la comunidad andaluza durante 2020, que han supuesto una inversión estimada de «750 millones de euros y la creación de unos 3.000 puestos de trabajo asociados a su construcción». Son los principales datos del balance anual sobre infraestructuras energéticas elaborado por la Agencia Andaluza de la Energía.

El año pasado entraron en funcionamiento nuevas centrales fotovoltaicas, más instalaciones de autoconsumo, mayor superficie solar térmica y un nuevo parque eólico, proyectos gracias a los cuales se ha logrado que «el 46% de la potencia actual del parque generador de electricidad andaluz tenga ya origen renovable, lo que permite evitar la emisión de más de cinco millones de toneladas de CO2 a la atmósfera», según ha informado en un comunicado la Junta.

14 nuevas plantas fotovoltaicas

Los proyectos que han tenido mayor implantación durante 2020 han sido las centrales fotovoltaicas, con 14 nuevas plantas (de más de diez megavatios de potencia) que suman una potencia total de 752,31 megavatios. Esto, sumado al desarrollo del autoconsumo fotovoltaico y a otras pequeñas instalaciones fotovoltaicas, ha provocado que Andalucía «alcance los 2.672 megavatios de potencia fotovoltaica a finales de 2020».

Respecto al autoconsumo, la comunidad andaluza cuenta ya con más de 10.900 instalaciones con una potencia total que asciende a 127 megavatios, «lo que supone multiplicar por 3,5 la potencia registrada en 2019 (36 MW)».

Nuevo parque eólico en Málaga

En cuanto a la energía eólica, la Junta ha destacado que la región cuenta con un nuevo parque eólico de 23,6 megavatios en Málaga, con lo que suma un total de 154 parques con una potencia total eólica de 3.472 megavatios.

Además, 21.300 metros cuadrados de nuevas instalaciones solares térmicas abastecen de agua caliente y climatización a hogares y procesos industriales, «superándose así los 1,1 millones de metros cuadrados de superficie solar térmica instalados en la comunidad».

Posición de liderazgo

La Junta ha subrayado que a esto se añaden 27.728 instalaciones de biomasa en funcionamiento para usos térmicos entre estufas, calderas, secaderos o generadores de aire caliente, entre otros, que «suponen una potencia térmica instalada de 1.792 megavatios».

Estas nuevas plantas renovables «constituyen solo una parte del gran número de proyectos que se están tramitando en Andalucía», que permitirán consolidar a la región como «referente en energía limpia, conforme al alto potencial de centrales renovables, estimado por la Agencia Andaluza de la Energía en más de 300.000 megavatios». Sin duda alguna, una oportunidad para que Andalucía lidere el cambio energético

La Junta ha remarcado que en los últimos años Andalucía mantiene «una posición de liderazgo en la producción de electricidad con centrales de energía solar y con centrales de biomasa, siendo también líder en el aprovechamiento de energía térmica con instalaciones solares térmicas y con instalaciones de biomasa».

Un crecimiento del 12,3%

Por ello, Andalucía alcanza los 8.103 megavatios de potencia limpia para la generación de electricidad, «una cifra un 12,3% superior a la del año anterior, siendo los parques de energía eólica los que más aportan, con 3.472 megavatios».

Le siguen las centrales fotovoltaicas, con 2.672 megavatios y las termosolares, con 997 megavatios. Las centrales hidroeléctricas y las de biomasa eléctrica contribuyen, por su parte, con 650 megavatios y 274 megavatios, respectivamente. Completan la potencia instalada otras plantas renovables de menor tamaño, fundamentalmente, de biogás.

El funcionamiento de estos más de 8.100 megavatios de potencia renovable instalada en Andalucía producirá anualmente, según las estimaciones realizadas por la Agencia Andaluza de la Energía, «unos 17.000 gigavatios hora (GWh) al año de energía eléctrica limpia, siendo la tecnología eólica la que más aportará, con el 41% del total de la energía eléctrica renovable que se genere, seguida de la fotovoltaica, con un 29%; la termosolar, con un 12%; y la biomasa, con un 10%».

La ciudadanía puede consultar todos estos datos en el Mapa de infraestructuras energéticas de Andalucía (MIEA) disponible a través de la web de la Agencia Andaluza de la Energía y también de forma desagregada mediante su aplicación ‘Infoenergía’.

El fondo australiano IFM lanzó ayer martes una opa por el 22,69% de Naturgy por 5.060 millones de euros, una oferta pensada para inversores institucionales y minoritarios de Naturgy que ha disparado las acciones de la compañía española en torno a un 16%.

En concreto, la oferta se dirige a 220 millones de acciones de la compañía energética a un precio de 23 euros por acción, lo que supone una prima del 19,7% respecto al cierre de la cotización de ayer, del 22,7% sobre la media de los últimos tres meses y del 28,9% sobre el precio medio de los últimos seis meses.

Al hacerse pública la opa parcial, tanto el vehículo de inversión Rioja, integrado por CVC y la familia March, que suman un 20,72% del accionariado, como el fondo GIP, con un 20,64%, han comunicado que se han obligado a “no aceptar” la oferta, mientras que aún falta por conocerse la postura de Criteria, el holding de participadas de La Caixa, que es el primer accionista de Naturgy, con un 24,8%, y también la de la argelina Sonatrach, que controla un 4,1%.

En cualquier caso, fuentes cercanas a este fondo australiano subrayan a Efe que no pretenden desplazar a Criteria como primer accionista de Naturgy, sino que lanzan esta oferta pensando en los inversores institucionales, es decir, en planes de pensiones, fondos o entidades e instituciones con paquetes relevantes de acciones de la compañía, que suman un total del 21,7% del accionariado, y en los minoritarios, que tienen otro 8% del capital.

En esta línea, añaden que IFM tiene voluntad de permanencia en el accionariado de Naturgy y que valora la gestión que está haciendo la compañía, liderada por Francisco Reynés.

La operación, en cualquier caso, ha pillado por sorpresa a Naturgy, que ha precisado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que conoció ayer, a través del supervisor bursátil español, los términos y condiciones de la oferta “no solicitada”, y añadió que el Consejo de Administración se pronunciará sobre ella “cuando lo considere oportuno” y, en cualquier caso, “cuando sea legalmente preceptivo”. De entrada, Naturgy ha contratado los servicios de las firmas de servicios legales y financieros Freshfields y Citi para analizar la oferta voluntaria realizada sobre este 22,7% del capital social, pero ha querido dejar claro que “continuará operando sus negocios en el mejor interés de sus accionistas”.

Capital Energy se ha alzado como la gran ganadora de la subasta de renovables que se celebró este martes después de dos años y medio sin subastas, al obtener 620 megavatios (MW) eólicos, en una puja en la que ni Forestalia, la gran ganadora de dos citas anteriores, ni Repsol, que debutaba, consiguieron adjudicarse nada.

La subasta de ayer martes estrenaba un nuevo modelo, diferente al de las tres anteriores que se organizaron bajo gobiernos del PP, que eran neutrales tecnológicamente (todas las tecnologías, eólica, fotovoltaica y otras- competían juntas). En esta ocasión, para los 3.000 MW adjudicados en total ha habido cupos por tecnología: 1.000 MW para fotovoltaica, otros 1.000 para eólica terrestre y 1.000 MW sin restricción tecnológica a los que podía optar cualquier tecnología. Además, para conseguir maximizar el ahorro en la factura eléctrica se establecía que el precio percibido por las instalaciones se obtendría a partir del precio resultado de la subasta corregido con cierta exposición al mercado. Ese porcentaje de ajuste de mercado es de un 25% para las tecnologías con capacidad de gestión de su nivel de producción y en un 5% para las que no dispongan de dicha capacidad.

Según indicaron a Efe fuentes del mercado, Capital Energy se ha erigido como la gran vencedora de la subasta al adjudicarse 620 MW eólicos (todos por los que competía) de los 1.000 MW de esta tecnología que salían a subasta, es decir más de la mitad del cupo para eólica, de acuerdo a los resultados provisionales que tendrá que validar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En el caso de la fotovoltaica, donde el reparto de la potencia adjudicada ha estado más atomizado, Iberdrola, que tiene 16.700 MW renovables instalados en España que prevé elevar hasta los 25.000 MW en 2025, se ha alzado con 243 megavatios (MW) fotovoltaicos de los 1.000 MW de esta tecnología que salían a subasta. También Naturgy se ha adjudicado cerca de 200 MW fotovoltaicos y cerca de 40 MW eólicos. Además, Acciona, en su regreso a una subasta de renovables, también ha obtenido más de 100 MW fotovoltaicos.

Dentro de las grandes compañías, también se ha adjudicado megavatios en eólica y fotovoltaica Endesa, al igual que EDP Renovaveis. En el cupo para eólica de la subasta, la gallega Greenalia, aunque muy alejada de Capital Energy, ha obtenido 135 MW.

El desarrollador fotovoltaico Ignis también se ha llevado 125 MW y la energética francesa Engie ha conseguido 85 MW fotovoltaicos.

Entre las compañías que no han logrado adjudicarse potencia en la subasta, destaca Forestalia, la gran ganadora de la subasta de 2016 y de la primera de 2017, en las que sumó más de 1.600 MW.

El director del Astillero de Reparaciones de Navantia Bahía de Cádiz, Joaquín Hernández Rocha, ha afirmado que el nuevo contrato con la US Navy para la reparación y mantenimiento de los destructores Clase Arleigh Burke-Class (DDGs) y otros buques desplegados en la Base Naval de Rota es «un reto» y el contrato «más importante» que se ha firmado en la historia reciente de Reparaciones.

«Representa el poder acceder o continuar una relación con un cliente estratégico para Navantia como es la US Navy», ha aseverado Hernández Rocha, que ha añadido que «la ejecución del contrato anterior y el nivel de satisfacción del cliente se debe mantener en este nuevo contrato que se firma. Será un reto al que Navantia y su industria auxiliar tendrá que hacer frente».

Asimismo, ha asegurado que este nuevo contrato «tiene un alcance más amplio que el anterior» y que el reto que la industria auxiliar y Navantia tienen que afrontar «es de una dimensiones importantes».

Hernández Rocha ha señalado en este sentido que en los próximos años «va a haber un incremento en la carga de trabajo que estamos manteniendo en la Base Naval». El objetivo, ha dicho, es «mantener ese nivel logrado de excelencia del contrato anterior y ser capaces de alcanzar el grado de satisfacción, que va a traer mucho rédito no solo a Navantia, sino también a la industria auxiliar».

Acerinox ha convertido en sostenible el préstamo bilateral formalizado en marzo de 2020 con CaixaBank para financiar de forma parcial la adquisición de la compañía VDM Metals, según ha informado este lunes la compañía con sede en Los Barrios en un comunicado.

La financiación sostenible es aquella cuyos recursos se destinan a proyectos con un claro beneficio medioambiental y social. De ese modo, el margen del crédito con Caixabank se ha ligado a la evolución de dos indicadores establecidos que se revisan anualmente: la intensidad relativa de las emisiones, directas o indirectas, por tonelada de acero producida y la frecuencia de los accidentes laborales.

El consultor externo Sustainalytics ha confirmado que la operación va en consecuencia de los Sustainability Linked Loan Principles 2019, los principios en los que están basados este tipo de transacciones.

De este modo la empresa avanza «hacia una transición más sostenible, potenciando la creación de valor compartido y teniendo en cuenta los impactos sociales y ambientales de su actividad empresarial», expone el comunicado. «La operación pone de manifiesto la idea estratégica impulsada desde el consejo de administración y la dirección de la compañía de seguir avanzando en el compromiso social y medioambiental», subraya.

La entidad financiera sigue comprometida en apoyar la sostenibilidad de las empresas, innovando con soluciones de financiación sostenible, donde destaca esta transacción que es una de las primeras del sector del acero en Europa.

Acerinox está apostando por la transición hacia un modelo sostenible y así lo suscribió en el Pacto por la Economía Circular de 2017. Además, en diciembre de 2019 se unió al compromiso de neutralidad climática, antes de 2050, promovido por la Unión Empresas Siderúrgicas Españolas.

Las cuatro ‘R’

El acero inoxidable como material es un modelo de economía circular por cumplir las cuatro ‘R’ (reducir, reusar, re manufacturar y reciclar). En este sentido, la empresa está fijando objetivos de reducción de emisiones ligados a reducciones internas de consumos energéticos y descensos en los consumos de agua, y en un uso más eficiente de los residuos generados en la cadena de suministro. Además de impulsar todos los otros aspectos relacionados con ESG. La compañía ha integrado también los objetivos de desarrollo sostenible con la estrategia de su negocio.

CaixaBank es una de las entidades financieras más comprometidas con la sostenibilidad, dado que su Plan de Banca Socialmente Responsable recoge cuatro importantes principios de actuación que suponen una contribución directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La entidad apoya, mediante su actividad, iniciativas y proyectos respetuosos con el medio ambiente, que contribuyan a prevenir y mitigar el cambio climático, a impulsar la transición hacia una economía baja en carbono y el desarrollo social.

El banco dirigido por Gonzalo Gortázar ha movilizado en 2020 más de 12.000 millones de euros en financiaciones sostenibles, con más de 2.000 millones de euros formalizados en financiaciones verdes y más de 3.000 millones formalizados en financiaciones ligadas a variables ESG, donde destacan los objetivos sobre variables de tipo medioambiental, como la reducción de emisiones o la eficiencia energética.

Además, CaixaBank ha participado en la emisión de 13 bonos verdes, sostenibles o sociales, con un importe global de 7.500 millones de euros. A cierre de 2020, CaixaBank se ha posicionado como el 5º banco a nivel europeo y 9º a nivel mundial en prestamos verdes y sostenibles por volumen, según Refinitiv.

Andalucía ha exportado bienes y productos por un valor de 25.206 millones de euros en los once primeros meses de 2020, un 13,2% menos que en ell mismo periodo de 2019, debido al impacto de la pandemia en la actividad económica mundial, según informa Extenda, la agencia de promoción exterior. El descenso en España es menor, del 10,9% (238.414 millones), debido a la mayor incidencia en Andalucía de los bajos precios del crudo.

Pese a la caída, estamos ante “el menor descenso acumulado desde el pasado mes de abril”, después de que en agosto se alcanzara el peor registro del año, con una caída del 15,8%. Según señala Extenda, en el último trimestre (septiembre, octubre y noviembre) la bajada media de las exportaciones ha sido del 5%, 12,9 puntos inferior a la que tuvo el trimestre anterior (-17,9%); y 18,2 puntos menor que la del trimestre marzo-abril-mayo, el primero afectado por las consecuencias de la pandemia, en el que la caída fue del 23,2%.

Los 2.317 millones en ventas internacionales que ha habido en el mes de noviembre suponen la segunda mejor factura alcanzada desde el mes de abril, sólo por detrás de los 2.401 millones que se sumaron en octubre. Pese a ello, hay una bajada de las ventas del 8,3% respecto al año pasado solo en el mes de noviembre

Lo más positivo es el superávit comercial de 2.583 millones de euros, fruto de la diferencia entre los 25.206 millones que ha exportado al mercado internacional y los 22.623 millones que ha importado. Se trata de un nivel récord para un periodo enero-noviembre desde que existen datos homologados (1995). Este superávit andaluz contrasta con el déficit comercial de España en su conjunto, que en este periodo asciende a 12.349 millones de euros, “con una tasa de cobertura del 95,1%, que es 19,3 puntos inferior a la andaluza, del 111,4%”.

Extenda afirma que la contracción de la factura de las exportaciones no se debe a una menor actividad del sector exterior andaluz, ya que el tejido de las empresas exportadoras regulares, aquellas que llevan al menos cuatro años consecutivos exportando, “se conserva prácticamente igual que en los primeros once meses de 2019, con 5.717 empresas”, que significa apenas un 0,3% menos interanual.

Extenda considera que el descenso de las exportaciones sigue teniendo su principal explicación en la ralentización de la economía mundial por los efectos de la Covid-19, que “ha producido una drástica caída de los precios y demanda de combustible y materias primas industriales”.

El director de Recursos Humanos de Renault España, José Antonio Rodríguez, señaló este jueves, durante el encuentro que ha mantenido con la comisión negociadora del convenio colectivo de Renault para el periodo 2021-2024, que la factoría de Sevilla podría fabricar una nueva caja de velocidades, órgano mecánico que será también híbrido, lo que posibilitaría a la planta “introducirse en la órbita de la nueva movilidad”. Fuentes de la compañía supeditan este encargo a la culminación de la negociación del convenio colectivo que se acaba de iniciar.

El responsable de Recursos Humanos se ha encargado de repasar en la Comisión Negociadora las grandes líneas del Plan Estratégico Renaulution, con especial mención a los posibles productos que podrían llegar a las fábricas españolas “si se logra un acuerdo equilibrado que ayude a mejorar la competitividad de las mismas”. En este sentido, se ha señalado que la Factoría de Palencia podría recibir hasta tres carrocerías del nuevo vehículo HHN –sobre la plataforma del Kadjar– y la Factoría de Valladolid un nuevo vehículo de la plataforma B, adicional al Captur; en ambos casos se trataría de vehículos híbridos.

La Factoría de Motores de Valladolid, por su parte, recibiría el motor HR12 y sus evoluciones, mientras que la Factoría de Sevilla asumirá una nueva caja de velocidades.

La dirección de Renault ha aceptado, en la reunión de la Comisión Negociadora constituida con la representación sindical en las factorías españolas, que el Convenio Colectivo en el que se trabaja tenga una vigencia de cuatro años (2021-2024), pero recalcó la importancia de no incrementar los costes de producción en los dos primeros ejercicios.