Estos últimos días, una vez más, han sido noticiosos los precios de la energía eléctrica, coincidiendo además con la modificación de la estructura de la factura para los consumidores domésticos, basada en el establecimiento de tramos horarios de diferente precio. Todos hemos conocido los chistes visuales, algunos desternillantes, que se han hecho al respecto de las horas en las que sería más conveniente poner en marcha uno u otro electrodoméstico y también todos somos conscientes de que tal desplazamiento de consumos no es demasiado factible, por muy buena voluntad que le pongamos a contribuir a los grandes objetivos climáticos. La explicación que ha dado el gobierno a tal cambio en la factura queda muy bonita para la galería: animar o estimular una mayor eficiencia en el uso de la energía eléctrica, pero no es consuelo para los consumidores. Los grandes objetivos mundiales están muy bien, todos los asumimos siempre que no afecten a nuestro bolsillo. Es decir, bienvenidos sean siempre que no tengamos que soportar el coste de alcanzarlos, o siempre que no percibamos ese coste.

Tenemos un problema muy serio con el coste de la energía eléctrica, que se está situando entre los más elevados de Europa y que, como casi siempre, estamos abordando con improvisaciones. Menos mal, vaya por delante, que la izquierda está gobernando la nación, sino a sus dirigentes les habría bastado con culpar a los beneficios de las grandes eléctricas, a las puertas giratorias, o a cualquier otra causa que rehúya la realidad. Esta realidad, ésta no es otra que el camino emprendido hacia una modificación muy profunda de nuestra generación eléctrica, un camino muy costoso por las inversiones que es necesario realizar y a las que, dadas las condiciones habitualmente establecidas, se les exige una amortización financiera en un período bastante más corto que el de su vida útil. Afortunadamente, los actuales mecanismos de subasta están introduciendo competencia en precios entre proyectos y la progresiva extensión de acuerdos directos entre generadores y grandes consumidores están permitiendo una extensión de la generación renovable sin necesidad del perverso mecanismo de primas a la generación, que la alentó desde 1998 hasta hace pocos años. Pero las primas concedidas en el pasado, aún con modificaciones que fueron muy criticadas porque el gobierno era de derechas, siguen teniendo un peso muy importante en los costes del sistema. Tan importante como para que el director de responsabilidad social de una gran eléctrica haya manifestado, hace algunos días, que no era conveniente reflejar en la factura las inversiones en renovables porque no sería entendido o aceptado por el público. No le falta razón, y su afirmación no es criticable sino un ejercicio de sinceridad y un fiel reflejo del despotismo ilustrado que está rigiendo la transición energética.PUBLICIDAD

Tal parece que algunos gobiernos, el nuestro entre ellos, consideran que los ciudadanos somos incapaces de entender la racionalidad que está detrás de esta transición y que, en consecuencia, no aceptaríamos los costes que conlleva. Si, además, momentos anteriores de subida de los precios de la electricidad, han sido justificados de manera poco menos que pueril –el oligopolio eléctrico, etc.- en lugar de con explicaciones sensatas, se comprenden las dificultades que afronta el gobierno actual, al que no le queda más remedio que aludir a los precios del gas natural o a los precios de los derechos de emisión de CO_2. El mercado europeo de estos derechos se ha salido de madre y la tonelada de dióxido de carbono se cotiza muy por encima de los precios que se consideraban un objetivo a alcanzar hace pocos años. Los precios promedio en lo que va de mes son 51,71 euros por tonelada y el que se consideraba bueno –el que conducía a los objetivos pretendidos- era del orden de 20 euros. En este precio se encontraba el promedio anual en 2008, pero descendió, comprensiblemente, a poco más de 13 euros en 2009 y fue inferior a 10 desde 2012 a 2017, bajando incluso a sólo 4,45 en 2013. ¿Qué solución se le dio? Pues simplificando, la de reducir las asignaciones gratuitas a los sectores regulados con el fin de elevar la demanda. Unido a ello, hay una especulación en este mercado que es fácilmente explicable: el comprador tiene la seguridad de que los derechos que ha adquirido van a ser necesarios y que los podrá vender con beneficio. Se ha alejado de su finalidad original, que era la de servir a una limitación global de emisiones y facilitar las transacciones entre quienes no utilizan la totalidad de sus derechos y quienes los necesitan. Probablemente, además, los precios actuales están señalando que no todavía no hay soluciones técnicas factibles o razonables para reducir las emisiones en los sectores objeto de regulación al ritmo que han establecido los objetivos públicos.

Otra explicación para los actuales precios de la electricidad viene dada por el precio del gas natural, el combustible de los ciclos combinados, que suele moverse con el precio del petróleo. Pero no puede ser una sorpresa para nadie que ese precio esté ascendiendo tras los habidos en el año de la pandemia. Ese precio no está reflejando una escasez del recurso, sino limitaciones de oferta ya que, visto el panorama de los hidrocarburos, no es muy probable que los operadores de estas fuentes de energía se animen a hacer nuevas inversiones.

Y en este momento, y durante bastante tiempo, los precios del gas natural van a determinar los precios de la energía en nuestro mercado eléctrico en determinadas horas del día, en las que no se puede atender la totalidad de la demanda con nuclear, hidroeléctrica y renovables. Tardará tiempo hasta que esto sea posible; entre otras razones porque no hay todavía una solución eficaz para el almacenamiento de energía, ni aunque todas las termosolares gestionables se orienten hacia la generación nocturna.

Ante este panorama se han propuesto algunas soluciones, pintorescas en algún caso, abusivas en otro y algunas muy razonables. Entre estas últimas, la reducción del IVA de la electricidad –habrá que compensarlo con la subida del impuesto a algunos productos o actividades- o la suspensión del impuesto a la generación de electricidad, lo que ya se ha hecho alguna vez. Entre las abusivas, no hay más remedio que mencionar la penalización a la generación no emisora de dióxido de carbono –nuclear e hidroeléctrica- porque no tienen que comprar derechos de emisión y perciben beneficios “caídos del cielo” y no merecidos. ¿Pero no se pretendía reducir las emisiones? y la generación renovable, que tampoco compra derechos de emisión ¿se ve exonerada porque sí? Quizá fuese más sensato analizar y corregir las deficiencias y efectos no deseados del mercado europeo de derechos de emisión.

Entre las soluciones pintorescas, baste mencionar la sugerencia de reducción de beneficios de las grandes eléctricas, propuesta hace unos días por una conocida asociación de defensa del consumidor o la idea de crear una empresa eléctrica pública, con el fin, según dicen, de introducir verdadera competencia en el mercado y reducir los precios. Esto, sencillamente, no tiene ningún sentido por el elevado porcentaje que en la factura suponen los peajes, establecidos por la CNMC, y los cargos, establecidos por el ministerio del ramo. Tal empresa pública no construiría sus propias redes, como es lógico, con lo cual el menor precio para el público vendría de un menor margen en la comercialización –que no es muy elevado-, si fuese compradora de electricidad, o de una oferta más barata en el mercado mayorista, si fuese generadora. Pero ¿qué tecnología emplearía? Cabe dos alternativas: comprar potencia instalada de generación convencional o invertir en generación renovable. Si fuese lo primero, habría una cola de ofertantes; si fuese lo segundo, ¿para qué hacer algo que el mercado ya está haciendo por sí mismo? ¿Aceptaría la empresa pública vender a unos precios inferiores a los del mercado? ¿Pondría en riesgo los beneficios que son necesarios para amortizar sus inversiones? ¿Construiría sus plantas con cargo al presupuesto o acudiendo al mercado financiero?

Esto no es una solución justificable, en modo alguno. La función de lo público es una regulación inteligente y absolutamente independiente de unos u otros intereses, e incluso independiente de ideología si fuese posible. Es también función de lo público llevar al presupuesto y no a la factura los costes de las decisiones políticas. También lo es reducir los costes y tiempos de tramitación de nuevos proyectos de generación renovable. Es también una obligación no crear espejismos de abaratamiento gracias al nuevo modelo de generación, porque que tardarán tiempo en hacerse realidad de manera generalizada. Y, sobre todo, es necesario explicar la realidad; hacer ver al ciudadano los costes y dificultades técnicas que conlleva la transición energética, y hacerle comprender que el gobierno no puede improvisar remedios cada vez que sube el precio de la electricidad. Pero para esto hay que abandonar la demagogia y la propaganda, que siempre se vuelven en contra, y tener algo más de luces. No es fácil, no, por lo que estamos viendo.